La Universidad Nacional de Tucumán completó su tercer día de paro docente en el marco de una medida nacional impulsada por gremios nucleados en Conadu Histórica. El reclamo central apunta a la implementación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, pero cuyo cumplimiento aún no se efectivizó y que el Gobierno nacional busca modificar mediante un proyecto en Diputados.

En ese contexto, docentes de la casa de altos estudios realizaron clases públicas en plaza Independencia para visibilizar el conflicto. “Es importante traer las clases públicas para que se conozca la lucha, lo que se hace en la universidad, el trabajo que lleva adelante la docencia y la importancia de defender este derecho que hemos conquistado y entendemos tiene que ser gratuito y en condiciones dignas”, remarcó Alejandra del Castillo, vocal de la Facultad de Filosofía y Letras en Adiunt, en diálogo con LA GACETA.

Del Castillo adelantó que el plan de lucha podría endurecerse en los próximos días. “En la asamblea que realizamos el martes, hemos planteado que es necesario profundizar la lucha. Tenemos el fallo que salió de la Justicia que obliga al Gobierno a aplicar la ley, lo que demuestra que nuestro reclamo es más que justo y urgente”, sostuvo. En esa línea, señaló que no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado.

La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

Sobre la importancia de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la docente resaltó que la norma “contempla un incremento inmediato del 50%, que es la pérdida que hemos tenido los trabajadores de la universidad desde diciembre de 2023 a la actualidad”. Según indicó, esa actualización permitiría que los sueldos superen la línea de pobreza.

Además, subrayó que la ley prevé partidas para el funcionamiento de las universidades. “Tenemos establecimientos que no están en condiciones; lo hemos visto con las inundaciones de hace unas semanas con edificios inundados y filtraciones”, agregó.

Por último, Del Castillo cuestionó la postura del Ejecutivo frente a la norma y señaló que -a su entender- la resistencia oficial no responde únicamente a razones económicas. “Es el ajuste que lleva adelante en distintas áreas, pero también es una cuestión política que apunta a un vaciamiento presupuestario y que dé paso a la privatización”, advirtió.

En ese sentido, alertó sobre mecanismos de financiamiento alternativos que ya comenzaron a implementarse en algunas instituciones. “Se implementaron medidas cobrando a los estudiantes para poder financiarse. De hecho, en algunas universidades ya se ha implementado con bonos o cooperativas”, indicó.

Advertencias al Gobierno

Desde Conadu Histórica, la secretaria general Francisca Staiti volvió a cuestionar la demora en la aplicación de la ley y advirtió sobre su incumplimiento. En ese marco, anticipó que entre el 6 y el 17 de abril se instalarán carpas en todo el país “por la universidad y la soberanía”, como parte de un plan de visibilización del conflicto, mientras se impulsa una nueva marcha federal universitaria.

El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Por su parte, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el incumplimiento de la ley también impacta en los gastos de funcionamiento. Según indicaron, los fondos que reciben las universidades representan actualmente alrededor del 40% de lo que percibían en enero de 2023, lo que equivale a una pérdida cercana a nueve meses de transferencias de la actual gestión.